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Articles in Category: Boletines de Prensa

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE ZONAS RURALES FORTALECIDAS

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32 Juntas de Acción Comunal de zonas rurales pertenecientes a los municipios de Simití, Cantagallo y Santa Rosa del Sur Bolívar y Yondó Antioquia, recibieron como parte del proceso de fortalecimiento a organizaciones sociales, equipos de cómputo, representados en portátiles, computadores de escritorio, impresoras y equipos de proyección, elementos que permitirán desarrollar un mejor trabajo al interior de las comunidades. 

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Por espacio de un año, las Juntas de acción comunal, participaron en un proceso de formación, que incluyó módulos de fortalecimiento administrativo, ley de juntas, ley 70, gestión documental, gestión contable, gestión de proyectos y resolución de conflictos.

Este proceso de formación se dio en el marco del proyecto Sistemas Locales de Justicia en el componente de fortalecimiento a juntas de acción comunal, como una estrategia de cualificar el trabajo que cumplen los líderes sociales al interior de sus comunidades.

El proyecto fue desarrollado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Redprodepaz, el Ministerio de Justicia y del Derecho con recursos de la Unión Europea.

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CONTINUAN JORNADAS MOVILES DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL SUR DE BOLIVAR

 

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 En el marco del Proyecto Justicia Local para la Paz, que se realiza en cuatro municipios del Sur de Bolívar, con la participación de la Redprodepaz, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, con recursos de la Unión Europea, se realizó en el corregimiento Cerro de Veracruz Municipio de Simití Sur de Bolívar, una jornada móvil de acceso a la justicia.

Entidades como la Comisaría de Familia, inspección de policía, gestoría Social, Personería Municipal, oficina del adulto Mayor, secretaría de Salud, programa de atención a jóvenes y otros operadores de justicia del municipio, llegaron hasta la zona rural, atendiendo en promedio a 160 personas provenientes de veredas aledañas.

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Los asistentes participaron de jornadas pedagógicas en el marco de la ruta de atención contra la violencia sexual y de género, atención en procesos de custodia y alimentos a través de la comisaría de familia, jornadas de conciliación y procesos policivos por pleitos entre vecinos, riñas y otros hechos que se presentan al interior de las comunidades. 

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COMUNICADO DEL OBISPO DE BARRANCABERMEJA

COMUNICADO DEL OBISPO DE BARRANCABERMEJA

Barrancabermeja, Curia Diocesana, diciembre 16 de 2017

CAMILO CASTRELLÓN PIZANO, SDB, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE BARRANCABERMEJA, SE PERMITE COMUNICAR A LA LOS FIELES DE LA DIÓCESIS DE BARRANCABERMEJA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA QUE:

  1. 1.A nombre personal y de la Familia Diocesana expresa su cercanía y solidaridad con las víctimas del Corregimiento del Guayabo y de la Vereda  Bella Unión, por el desalojo del que fueron víctimas,  el 13 de diciembre último.
  2. 2.Expresa, una vez más, su agradecimiento al Padre Rodrigo Grajales, Párroco de Vigagual y al Programa de Desarrollo y Paz, por su presencia y constante preocupación para que se cumplan todos los requisitos de ley y se respete a estas familias, que han sido víctimas de la violencia y hoy vuelven a ser victimizadas.
  3. 3.Igualmente, hace llegar su reconocimiento a la Mesa de Organizaciones Acompañantes por su compromiso en la protección de los Derechos Humanos de las Comunidades Campesinas, Victimas y de los líderes y lideresas de la Comunidad, Defensoras de los Derechos Humanos.
  4. 4.Manifiesta su extrañeza por el hecho de haber proseguido, las autoridades locales, con la diligencia de desalojo, a pesar de los conceptos que hiciera llegar la Agencia Nacional de Tierras,  la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, a las autoridades competentes del orden municipal.
  5. 5.Lamenta constatar, que de acuerdo a nuestros abogados, no se siguieron los protocolos que la Corte Constitucional ha fijado para la protección, garantías y goce de los derechos de las víctimas.
  6. 6.Solicita a la Agencia Nacional de Tierras que agilice el proceso de clarificación de la propiedad y recuperación de baldíos.

Pido a las comunidades afectadas  mantener la serenidad y sin perder el derecho que les asiste como víctimas, actuar dentro de la Constitución y las Leyes y del diálogo entre las partes.

Que estas fiestas navideñas sean la oportunidad para fortalecer los lazos de unión y solidaridad de las comunidades y de un encuentro más profundo con el Niño de Belén, Dios con nosotros, que desea entrar en nuestro corazón y familia para acompañarnos.

Afectísimo,

+ CAMILO CASTRELLÓN PIZANO, SDB

Para descargar el Comunicado Oficial haga Click en el SIguiente enlace: COMUNICADO DEL OBISPO DE BARRANCABERMEJA

   

Nueva Crisis humanitaria y social por desalojo de familias campesinas de la comunidad de El Guayabo

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Las organizaciones abajo firmantes denunciamos ante las autoridades judiciales y la opinión pública nacional e internacional, la inminente situación de crisis humanitaria de la comunidad de El Guayabo, frente a la orden judicial de desalojo por parte del juez promiscuo del municipio de Puerto Wilches, Santander.

La comunidad campesina de El Guayabo está compuesta por cerca de 60 familias que desde hace más de 25 años ejercen el derecho de posesión sobre los predios Altamira y San Felipe. Son campesinos y campesinas trabajadoras, que dependen de la tierra para su subsistencia y la de sus familias, además de ser productores de alimentos para la región. Sin embargo, desde hace unos 15 años, y con mayor intensidad en los últimos 5 años, él señor Rodrigo López Henao ha realizado diversas acciones, algunas jurídicas y otras violentas e ilegales, para desplazarlos y despojarlos de sus territorios.

Hace aproximadamente cuatro meses se log frenar tres intentos de desalojo que se tenían previstos. Sin embargo, nuevamente la comunidad se encuentra en riesgo de perder sus tierras en esta ocasión.

La manera como se ha intentado sacar de sus tierras a los campesinos del Guayabo ha estado llena de irregularidades. La Agencia Nacional de Tierras ha presentado tutelas solicitando ser integrada al proceso que se está llevando a cabo sobre estos terrenos ya que varios de los que se piensan adjudicar son baldíos de la nación y podrían ser utilizados para reparar a los campesinos del Guayabo que son víctimas del conflicto en vez de eso están en riesgo de quedar en manos de un particular.

Es alarmante la situación de esta comunidad frente a la falta de garantías e imparcialidad con la que han actuado las autoridades locales. Autoridades estatales del departamento de Santander, particularmente en el  municipio de Puerto Wilches,  ha vulnerado de manera flagrante los derechos fundamentales y el acceso igualitario a la justicia, pues en este caso ha sido evidente el favorecimiento hacia el señor Rodrigo López Henao, quien reclama la propiedad de las tierras que nunca ha poseído ni trabajado.

Por esta razón, con esta orden judicial de desalojo se materializa una acción sistemática de desplazamiento forzado, que re victimiza a familias campesinas, que históricamente se han visto afectadas por la violencia, el conflicto armado y el abandono estatal.

ANTECEDENTES

Desde mediados de los años ‘80, alrededor de 60 familias campesinas sin tierra, se asentaron en las riberas del río Magdalena próximas al centro poblado de El Guayabo. Motivadas por la necesidad de sustento diario y el estado de abandono en el que se encontraban las tierras los campesinos comenzaron a trabajar dichas tierras para su propio sustento.

En el 2002, el señor Rodrigo López Henao, quien afirma ser el propietario de estas tierras, empieza a realizar acciones jurídicas y otras violentas e ilegales, para forzar la comunidad a desplazarse de los predios. López Henao afirma ser víctima de desplazamiento por parte de la guerrilla, hecho que la Unidad Nacional de Víctimas no reconoce, excluyéndole del Registro Único de Víctimas en el año 2016.

Luego de más de 25 años trabajando las tierras, la comunidad inicia en 2009 un proceso de pertenencia sobre los predios de San Felipe y Altamira. Desde entonces, la comunidad ha resistido los más diversos ataques, intimidaciones y desalojos. Tenemos el valor moral y espiritual que nos da esa resistencia, reflexiona Dimas Ospina, der campesino de la comunidad.

Los miembros de la comunidad se enfrentan,  además,  a una evidente criminalización de su proceso de organización popular y de sus deres y lideresas, quienes son objeto de procesos penales a través de falsas acusaciones. Cuatro líderes afrontan un proceso penal injusto y uno de ellos, Álvaro García, fue recientemente encarcelado y dejado en libertad mientras avanza la demanda. (Leer más en: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6628-en-el-guayabo-

120-familias-le-temen-a-desalojos-y-a-a menazas).

Campesinos y campesinas de El Guayabo son reconocidas como víctimas del conflicto y están amparadas por la Ley de Víctimas. Los hechos que se relatan a continuación van en contravía a la naturaleza de la Ley de Víctimas, en cuanto la restitución de tierra será en beneficio de quienes fueron despojados de ellas en primer lugar, a las víctimas del conflicto armado y a las familias campesinas sin tierras.

HECHOS

1. Desde el año 2002 la comunidad está continuamente sometida a acciones de presión, intimidación  y agresión por parte del Sr. López Henao y de actores armados a su servicio, generando un ambiente de miedo, angustia y profunda preocupación.

2. Frente a la tensión, las amenazas y la violencia, la comunidad ha realizado numerosas denuncias penales en contra del Sr. López Henao, que incluso ha sido denunciado por violencia contra la mujer.  Siembargo,   destas  denuncias  nse  conocen  avances,  nhay  apertura  de investigaciones ni sanciones penales.

3. Con irregularidades procesales, el proceso legal de reclamación de tierras ha culminado con una sentencia en firme del juez promiscuo de Puerto Wilches, que ordena el desalojo del predio San Felipe.

4. El anterior Inspector de Policía del corregimiento de Vijagual, Leonel Gutiérrez Lagares, quien inició el proceso de desalojo de la comunidad, se encuentra detenido por el delito de concierto para delinquir agravado y vínculos con el paramilitarismo. Este funcionario intentó un desalojo en el año 2013 sin ser competente para ello.

5. Este nuevo intento de desalojo que está planeado para el miércoles 13 de diciembre del 2018 pondría en una grave situacióhumanitaria a las alrededor de 60 familias que  viven en El Guayabo.

SOLICITUDES

En vista de los antecedentes y los hechos presentados, los y las firmantes de este comunicado solicitamos:

 la   Procuraduría   delegada   para  asuntoambientales  agrarios   qurevise  todas  las irregularidades del proceso civil ordinario reivindicatorio a cargo del juez promiscuo municipal de Puerto Wilches.

Se suspenda el desalojo en consideración de los recursos tutelares y las medidas cautelares presentadas.

A las autoridades locales y regionales, que tomen todas las medidas para garantizar la vida y la integridad de esta comunidad campesina y sus líderes y lideresas, sujetos de especial protección por su condición de víctimas y defensora de Derechos Humanos.

Requerir al señor López Henao que responda ante las autoridades por los hechos relatados, en la medida en que los responsables directos dijeron actuar bajo sus órdenes.

Incluir a la ANT en este proceso y entregar los terrenos baldíos para ser utilizados como método de reparación.

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